Wednesday 22 Feb 2023 | Actualizado a 03:49 AM
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Bolivia es pionero en el transporte público con energía eléctrica en el sistema de teleféricos.
La Paz / 22 de febrero de 2023 / 01:07
Recientemente, se ha insinuado que la deuda externa es insostenible. Sin embargo, parafraseando al economista argentino Calvo se podría decir que la sostenibilidad de la deuda es muy parecida a la honestidad, nunca se puede certificar por completo y las pruebas tardan en materializar.
Si bien la sostenibilidad es difícil de comprobar, se pueden recolectar algunas pruebas para dar luz sobre el asunto. Una deuda sostenible significa que un gobierno es capaz de pagar su deuda con ingresos futuros.
Al respecto, Bolivia para honrar su deuda externa necesita alrededor de 2% de su PIB, la cual es inferior al servicio de la deuda de la década de los años 70 cuando se necesitaba entre 10 y 15% del PIB. Por tanto, se puede decir que Bolivia es solvente para pagar su deuda externa.
Además, se puede añadir que una deuda es sostenible si la división Deuda/PIB o Deuda/Exportaciones son estables, declinan o son suficientemente bajos. A octubre de 2022, la deuda externa total alcanzó 29,9% del PIB, la cual es menor a gestiones anteriores. Por ejemplo, en 2020, la deuda externa alcanzó 33% del PIB. Por tanto, la deuda externa es sostenible porque está descendiendo.
La deuda externa igual es sostenible porque al 2022 la relación entre deuda externa y las exportaciones alcanzó, aproximadamente, 97%, lo cual es muy inferior al umbral del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 180%. Una vez más, la deuda externa es sostenible en este sentido.
La deuda externa boliviana es sostenible porque es una deuda a largo plazo, de hecho, Bolivia no tiene deuda externa a corto plazo, lo cual implica que las necesidades de financiamiento son bajas. Una deuda de largo plazo ayuda a minimizar riesgos de iliquidez. Al respecto, en 2021 el servicio de la deuda externa con relación al nivel de exportaciones alcanzó, aproximadamente, 7%, el cual fue inferior al umbral de referencia del FMI, 15%.
Los anteriores datos muestran que la deuda externa es sostenible y todavía hay un espacio para aumentarla si fuese necesario. En este sentido, Bolivia podría calificar para incursionar en el mercado internacional de bonos verdes, sociales y sostenibles.
De acuerdo con el informe de Climate Bonds Initiative, Encuesta sobre bonos soberanos verdes, sociales y sostenibles, El poder transformador del mercado, países como Bolivia pueden adquirir deuda externa si aplican a ciertas características como la promoción de inversión en infraestructura de transporte público que usa electricidad. Según el informe, otro gasto elegible financiado por deuda externa es la inversión en pesca sostenible.
Al respecto, Bolivia es pionero en el transporte público con energía eléctrica en el sistema de teleféricos. De igual manera, está desarrollando pesca sostenible con sustitución de importaciones en el lago Titicaca. En el mismo sentido, está promoviendo incentivos tributarios a la importación de bienes de capital y autos eléctricos. Por su parte, los municipios también podrían dar incentivos para promover que las familias usen menos sus autos y más los buses públicos eléctricos, con financiamiento externo, lo cual sería innovador.
Muchas de estas medidas reducirían posibles daños ambientales y disminuiría la subvención a los hidrocarburos. En el caso de las plantas piscícolas sostenibles se profundizaría la sustitución de importaciones.
Los indicadores recientes de solvencia y liquidez de la deuda externa denotan sostenibilidad, pero no se debe bajar la guardia. Lo peor sería dictar un alto abrupto a la deuda externa y generar un parón económico como de 2020. Lo importante de la deuda externa es el uso de los recursos externos. Por ejemplo, se podría adquirir deuda externa para disminuir la contaminación y promover la estabilidad económica sin perder de vista la justicia social.
Marco Gavincha Lima es doctor en Ciencias Económicas
Pese al esfuerzo estatal, Santa Cruz no ha cambiado sustancialmente la dirección de su camino.
La Paz / 12 de noviembre de 2022 / 01:08
Recientemente el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, declaró que “en Santa Cruz, el que manda es el cruceño, el que vive y trabaja y la ha hecho grande. No vamos a permitir que nadie de otro lado venga a querer imponer nada en Santa Cruz”, aludiendo a las supuestas malas políticas nacionales del Gobierno y olvidando todo el valor generado por el Gobierno central históricamente en Santa Cruz.
Algunos como el señor Calvo también piensan que el sector agroproductor privado es eficiente, productivo e innovador y que el gobierno es malo, inepto e ineficiente.
Al respecto, Mariana Mazzucato, economista, tiene un libro llamado El valor de las cosas, el cual es una voz “diferente” en el terreno de la economía. El libro plantea ideas sobre cómo los gobiernos crean riqueza y cómo los grandes monopolios privados extraen los frutos de lo que siembran los gobiernos.
La autora pone en duda las historias de éxito de los empresarios privados altamente productivos que día a día generan millones de dólares; Google, por ejemplo. Mariana hace notar que el internet, el GPS, la pantalla táctil, SIRI y el algoritmo que utiliza esta empresa, han sido financiados por instituciones públicas. Es el gobierno el que arriesga, crea valor e innova, y Google la que genera ganancias.
En el contexto boliviano esta lectura es provocadora porque nos obliga a pensar en todos los esfuerzos del sector público en el sector empresarial agroproductor, entre otros.
En 1952, el Estado comenzó la construcción de la carretera Cochabamba- Santa Cruz, conectando por primera vez estos dos departamentos. A partir de esa carretera se abrieron las puertas para producir y sacar alimentos hacia el occidente del país y el extranjero.
Entre 1953 y 1994, el Estado propició la dotación de tierras, de las cuales el 51% son de Santa Cruz. Después, estas tierras fueron la base para obtener créditos productivos en los sectores del algodón y la soya.
Entre 1987 y 1997, el Estado boliviano trabajó las normas en la Comunidad Andina que establecen tratamiento especial y diferenciado a las exportaciones bolivianas, incluyendo a las exportaciones de soya. Resultado de estas gestiones, las exportaciones de soya y sus derivados hacia la CAN acumularon $us 17.576 millones entre 1990 y agosto de 2022.
Actualmente, el Estado otorga subvenciones a los precios de la gasolina y el diésel por un valor de $us 688,9 millones. Esto facilita a que exista estabilidad en los precios del transporte y en los costos de producción, incluyendo al sector agroproductor de Santa Cruz, que paga Bs 3,72 por litro de diésel, cuando a nivel internacional sobrepasa los Bs 8.
A pesar de los esfuerzos estatales, Santa Cruz no ha cambiado sustancialmente la dirección de su camino. La participación de la producción manufacturera sin alimentos en 1990 era 11%, y en 2019 continuó siendo 11%.
Sin embargo, Santa Cruz tiene potencial para la diversificación productiva. Para esto es necesario mayor participación del Estado en la economía, tanto a nivel central como local. A Santa Cruz le hace daño endiosar a sus empresas privadas y sus élites como la fuerza innovadora de su economía, arrinconando al torpe Estado para lo básico.
La realidad es que el sector agroproductor de Santa Cruz se ha caracterizado por recibir todo en bandeja de plata y hoy quiere declararse heredero de las joyas de la abuela olvidando los esfuerzos del Estado. Esta visión está perjudicando a Santa Cruz y por eso se requiere una dosis de un Estado más activo, con inversión estratégica para cambiar el timón de su economía extractivista.
La Paz / 1 de diciembre de 2021 / 02:22
En los últimos días, algunas instituciones han observado el artículo cuarto de obligatoriedad en la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, argumentando que vulnera las autonomías departamentales, municipales y universitarias. El artículo textualmente dice: “El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025… es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes entidades: a) Órgano Legislativo, b) Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas, c) Órgano Judicial, d) Órgano Electoral, e) Tribunal Constitucional Plurinacional, f) Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, g) Entidades Territoriales Autónomas, h) Universidades Públicas…” Al respecto, se puede notar que la obligatoriedad no implica pérdida del derecho a la autonomía.
Una muestra clara de esto es lo que pasó con la Ley 786 de 2016, sobre Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, donde su artículo cuarto establece el mismo texto que la Ley 1407. En el quinquenio 2016-2020, tanto las entidades territoriales autónomas como las universidades públicas no perdieron ni un milímetro en sus gestiones autónomas. Todas las instituciones funcionaron y ejecutaron actividades de manera normal y por esta razón las autonomías no corren ningún riesgo el próximo quinquenio.
Una de las posibles razones para la mala interpretación del artículo cuarto de obligatoriedad podría radicar en el desconocimiento del proceso de planificación nacional. Puesto que la Ley 1407 del PDES 2021-2025 solamente establece lineamientos generales sobre la visión de país del gobierno de turno, por ejemplo, reducir la pobreza. Usualmente los lineamientos generales de un PDES son de consenso general y tienen un respaldo político otorgado en las elecciones nacionales.
Y es que la planificación es un método para producir un “cambio” en el curso tendencial de los eventos, el cual tiene tres gradas importantes: el escalón de arriba es la planificación del desarrollo (PDES), la grada del medio es la planificación estratégica institucional y más abajo se encuentra la planificación operativa (POA). El PDES da el norte de país que queremos alcanzar y los POA concretizan acciones de manera autónoma para alcanzar los objetivos del proyecto país. Cada institución (departamental, municipal y universitaria) tiene el derecho a elegir qué objetivo seguir más y qué objetivo seguir menos de acuerdo con la realidad que vive cada institución.
La Ley 1407 es el paraguas general para que las alcaldías, las universidades públicas y el resto de instituciones públicas puedan proponer y descolgar acciones concretas en sus procesos de planificación para lograr un país con menos pobreza, menos desempleo, menos feminicidios, más crecimiento económico, más microempresas productivas y más industrialización con sustitución de importaciones.
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