La reserva tiene una extensión de 400.000 hectáreas y la TCO 300.000. Tiene una gran diversidad biológica.

La Paz, 19 de febrero de 2023 (ANF).- “Parece una comunidad no contactada, aquí no hay ni señal para teléfono”, comenta Clemente Caimani del Consejo Regional T’simane Moseten al llegar a la comunidad de Asunción del Quiquibey en la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas, que vive bajo la sombra de tres amenazas.

La reserva está ubicada entre cuatro municipios, Rurrenabaque y San Borja (Beni); Apolo y Palos Blancos (La Paz). Dentro viven al menos 25 comunidades dispersas de t’simanes, tacanas y mosetenes. Una de ellas es Asunción del Quiquibey.

La lancha recorre más de dos horas por los ríos Quiquibey y Beni, que ahora sufre la contaminación de los ríos Mapiri y Khakha donde la actividad minera aurífera es intensa en las poblaciones de Teoponte, Guanay, Mapiri y Tipuani en el norte paceño.

La reserva tiene una extensión de 400.000 hectáreas y la TCO 300.000. Tiene una gran diversidad biológica, en especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y especies de anfibios; además, jaguares y marimonos. La riqueza y maravilla natural está ante los ojos de los visitantes.

En la comunidad de Asunción del Quiquibey viven al alrededor de 40 familias mosetenes y t’simanes. “Acá estamos como no contactados. No hay comunicación”, insiste Caimani para mostrar que el desarrollo no ha llegado hasta esta zona en pleno Siglo XXI.

Habitantes indígenas de la comunidad de Asunción del Quiquibey. Foto: ANF

Yolanda Chirta complementa que la comunicación es esencial, especialmente en situaciones de emergencia. Por ejemplo, para atender temas de salud, no hay manera de pedir auxilio, solo trasladándose al poblado más cercado que es Rurrenabaque.

Desde su experiencia, cuenta a la ANF que en su último embarazo casi pierde a su bebé, los dolores eran tan fuertes que -con su pareja- tuvo que salir en medio de la noche (20:00) en peque peque (balsa pequeña) hasta el hospital de Rurrenabaque, donde pudo salvar al último de sus niños.

Tiene cuatro hijos, uno de ellos está internado en Río Colorado donde estudia, los otros tres menores viven con ella y su pareja en la comunidad, donde tampoco hay energía eléctrica. Enfrentan la oscuridad de la selva con linternas o velas.

Plantea algo esencial, tener los mismos derechos que tienen en la ciudad, por ejemplo, energía eléctrica, contar con el servicio de Entel “para comunicarnos. Eso nos hace falta, eso es importante”.

 “Tenemos motor, pero cuando no tenemos gasolina no prendemos. Es un gasto la gasolina”, añade Lucía Caimani (57), tiene 12 hijos. Dio a luz en plena selva, nunca conoció un hospital en sus embarazos. Su madre y suegra fueron las parteras de todos sus hijos.

Con una sonrisa comenta que “todos nacieron sanos”. Cuatro viven con ella. Tres siguen estudiando, pocos salieron bachiller, ninguno estudia una carrera universitaria. Los mayores están dispersos en diferentes ciudades, incluso uno vive en El Alto de La Paz, comenta.

Ante la falta de un sistema de electricidad, piden a las autoridades que les proporcionen unos paneles solares que no requieren de gasolina para su funcionamiento y que la mayor fuente de energía es el calor del sol.

En la reserva no hay agua potable, han tomado el recurso de una vertiente a varios kilómetros de la sede de la comunidad y han conectado a una pileta ubicada a solo unos pasos de la cocina que es un tinglado asentado en barrotes de madera, donde todavía cocinan a leña.

Muy cerca hay otro tinglado es el espacio para las reuniones comunales; a unos metros está la posta sanitaria a medio construir. No hay médico ni enfermera. Cuando se enferman recurren a la medicina natural, cuando es muy grave tienen que salir hasta Rurrenabaque, pero no todos tienen las condiciones económicas para hacerlo.

Un viaje en peque peque cuesta Bs 300 desde la ribera de la comunidad hasta Rurrenabaque (y el retorno). Las balsas más grandes tienen un costo de Bs 600. Es el único transporte. Aunque en épocas de lluvia sube el caudal y el río es peligroso.

La comunidad ha tenido que trasladarse al menos en tres oportunidades desde que se asentó en la ribera del río Quiquibey. Perdieron sus casas, la posta sanitaria y todas sus plantaciones. “Cuando llega el río viene desbarrancando y nos alcanza y tenemos que alejarnos del barranco”, dice Lucía.

La escuela está a unos metros del barranco, los escolares todavía pasan en esas instalaciones, pero el temor es que el río un día llegue y sepulte la unidad educativa.

Han decidido trasladarse nuevamente, será la cuarta vez, hacia una zona más alta donde creen que la comunidad ya no será arrasada por el río.  

Indígenas en medio de amenazas

La reserva y en particular las comunidades indígenas enfrentan al menos tres amenazas, la minería aurífera, la construcción de las represas El Bala y Chepete y los avasallamientos.

Tienen todos los documentos que acreditan las dos condiciones que tiene esta área, sin embargo, el temor es por actividades que a futuro pueden atentar contra la existencia de las comunidades indígenas.

Clemente Caimani asegura que existen peticiones de cuadrillas para que trabajen en ese territorio. “Tenemos toda la documentación, pero aún tenemos amenazas. Una es la amenaza de la minería. No está descartado que ingresen a nuestro territorio por los ríos Quiquibey o por el rio Beni”. 

Pese a que en esta región no se dedican a la actividad minera, la contaminación de los ríos Khakha y Mapiri por la minería aurífera de gran intensidad en el norte de La Paz llega al río Beni.

“Estamos haciendo resistencia”, dice Caimani, porque cree que lo único que traerá la actividad minera es “destrucción” de los territorios y el medio ambiente.

Les preocupa que existan zonas de la reserva con cuadrillas para la explotación minería. “No sabemos dónde ir. No sé por qué será que el Gobierno a cada pueblo indígena quiere destruir”, dice Chirta.

El tema fue puesto a consideración en una reunión de corregidores donde se mencionó que hay lugares definidos con cuadrículas mineras. Lucía Caimani es taxativa “no queremos que entren lo mineros (…) No queremos que destruyan”.

Los indígenas mosetenes y t’simanes cuidan la reserva y su TCO, preservan el monte primario y no destinan grandes espacios para el chaco. Nosotros cuidamos nuestro territorio. “Solo exigimos respeto. Tenemos vida, somos humanos”, reclama Chirta.

Esta amenaza no es reciente, deviene desde hace tiempo. En el sector, más de 15 empresas y cooperativas realizaban el trámite administrativo para la explotación minera, según un informe de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La solicitud abarca al menos 465 cuadrillas (cada una de 25 hectáreas), lo que hace un total de 11.625 ha que están ubicadas en el río Beni y la TCO, detalló Fundación Tierra en una nota en 2021.

Persiste el temor a las represas

Para llegar a la comunidad de Asunción de Quiquibey se atraviesa el estrecho de El Bala, a poco más de 16 kilómetros aguas arriba de Rurrenabaque, donde el gobierno del expresidente Evo Morales planeaba el proyecto hidroeléctrico El Bala. 

El proyecto se localizaba sobre el río Beni. La Empresa Nacional de Electricidad (Ende) establece que el componente 1 denominado Chepete está en la Provincia Franz Tamayo (La Paz); el componente 2 denominado Bala se encuentra sobre el río Beni. Ambos pertenecientes a las provincias Abel Iturralde (La Paz) y General Ballivián (Beni).

El proyecto está concebido con el objetivo principal de generar energía eléctrica, principalmente para la exportación, sus centrales hidroeléctricas aprovecharán los grandes caudales de agua del Río Beni. Una vez construidas serían una de las fuentes de energía más grande del país, describe Ende en su portal.

Las represas construidas en plena Amazonía eran parte fundamental de lo que se llamó la conversión de Bolivia en “el corazón energético de Sudamérica”. La resistencia de las comunidades indígenas en la región frenó la consolidación de ambos proyectos.

Sin embargo, persiste el temor de que el Gobierno central reactive esta idea con graves consecuencias para habitantes.

Los principales pueblos afectados serían mosetén, t’siman, ese ejja, leco, tacana y uchupiamona, por inundaciones y desplazamientos de sus territorios. Además, tres ríos (Beni, Tuichi y Quiquibey) se verían alterados en su cauce y cercenados por estructuras de cemento.

La Fundación Solón han advertido que la represa del Chepete elevaría el nivel del agua en 158 metros llegando a formar un lago a 400 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). La presa flexible de El Bala elevaría el nivel del agua en unos 20 metros y su embalse estaría a 220 m.s.n.m. A diferencia de la presa del Chepete que sería un muro de concreto, la presa de El Bala estaría formada por compuertas y generadores que estarían en medio del río.

El embalse del Chepete sería de 677 Km2, y el de El Bala abarcaría 94 km2. Ambos embalses inundarían un total de 771 Km2. Como referencia, la superficie de toda la mancha urbana de la ciudad de La Paz es de 149 km2. Es decir que los dos embalses cubrirían un área cinco veces superior a la mancha urbana de la ciudad de La Paz.

Sin embargo, el Gobierno hace más o menos cinco años defendía su proyecto, el principal argumento era la exportación de energía supuestamente con importantes ganancias para el Estado, especialmente ante el agotamiento de ingresos por el gas. Pero muchos expertos cuestionaron el mercado y los costos altos para la venta de energía.

Estrecho El Bala. Foto: ANF

Caimani manifestó que otro problema son los avasallamientos, contó que hay intentos de asentamiento de ajenos a las comunidades indígenas que habitan en la reserva natural y Tierra Comunitaria de Origen. Es más, de ideas para revertir las tierras porque presuntamente son muy grandes los territorios.

“Se ha puesto una línea roja para que no entren los interculturales, la amenaza del gobierno y a través de las federaciones campesinas, Conamaq dicen que debe ser revertido (el territorio) porque son pocos indígenas que tienen territorio grande y no hacen una función social. Ellos quieren ver depredado”, afirmó.

Clemente Caimani del Consejo Regional Mosetén T’siman sostiene que las comunidades de la reserva seguirán defendiendo su territorio, “vamos a resistir” porque con las represas sus comunidades quedarán inundadas y con la minería en especial con el mercurio quedarán sus ríos y el medio ambiente contaminado.

Destaca que tienen un plan de manejo en el que se ha zonificado todo el territorio para definir claramente las áreas de cultivo, de pesca, las áreas de construcción de viviendas, entre otros. Asimismo, demandó al Estado atender sus diferentes necesidades, responder a sus derechos, pero sin atentar contra la reserva y TCO de los indígenas.

En Asunción de Quiquibey mantienen el sentido de comunidad, preservan su cultura, también su lengua como el mosetén, Lucía nos dio la bienvenida, pero también nos dice lo felices que son en su territorio.

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